Crimen organizado y violencia homicida en ciudades intermedias

El presente libro compila un conjunto de investigaciones sobre las diferentes expresiones de la violencia homicida y el crimen organizado en Colombia, en el contexto de los esfuerzos discontinuos de construcción de Paz de la nación. Con perspectiva plural, muestra las distintas problemáticas de la violencia homicida, el conflicto armado y las reacciones de los afectados, así como los distintos impactos en un conjunto de ciudades intermedias. Abarca un conjunto de espacios urbanos diversos dentro del vasto y profundo territorio colombiano. Además de las lógicas de violencia homicida y de las actividades de organizaciones criminales en cada ciudad seleccionada en el libro, los autores exploran, en diversas formas, cuáles son las respuestas de los actores públicos, de la sociedad y los actores ilícitos armados, así como la manera en que las distintas violencias afectan las posibilidades de construcción de paz

Justicia penitenciaria: penas alternativas, penas sustitutivas y subrogados penales en Colombia. Una mirada hacia la resocialización y humanización a partir de la Ley 599 de 2000

Esta investigación tiene su origen en el problema planteado frente a la crisis carcelaria y penitenciaria que se viene dando en Colombia desde que se evidenció en el año 1988. En ese año la Corte Constitucional constató la existencia del hacinamiento carcelario, cuya consecuencia es la violación masiva de derechos fundamentales. Así lo plasmó la Corte en su sentencia T. 153, con el agravante de que más del 50% de la población condenada y privada de la libertad lo está por delitos con penas menores a 8 años de prisión y sin acceso a la pena sustitutiva de prisión, como tampoco al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena de acuerdo a los reportes mensuales del INPEC. Lo anterior conduce a la siguiente pregunta central para esta investigación: ¿Cuáles son las posibilidades de dar apertura a las penas alternativas, sustitutivas y subrogados penales a conductas punibles de menor gravedad, a partir de la observación de postulados contemplados en la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos y la ley penal sin que tenga que acudirse a la pena de prisión en Colombia? A partir de la pregunta, este trabajo se enfocó en hacer un estudio de la pena de prisión, la pena sustitutiva y subrogados penales consagrados en la Ley 599 de 2000. Se buscó complementar con las penas alternativas que no son una realidad en la ley penal ordinaria pero sí se incluyeron en la Ley 975 de 2005. Esta busca facilitar procesos de paz y reincorporación adelantados en delitos considerados como graves y que en muchas legislaciones han tenido apertura para delitos de menor gravedad dirigidos a evitar que la persona ingrese a una cárcel y sufra el contagio criminal. Igualmente, se verificó a través de los informes del INPEC a la población condenada privada de la libertad con penas menores a 8 años (que es el límite fijado en la Ley penal para acceder a la prisión domiciliaria), aclarando que las tablas registradas en los diferentes informes y estadísticas parte de grupos de poblaciones que en sus primeros dos rangos van de 0 a 5 años y la segunda hasta 10 años. Esto nos llevó, en un segundo momento, a hablar de aproximaciones por no tener una cifra fija de cuántos sentenciados con penas menores a 8 años están realmente privados de la libertad. A fin de concretar algunas causas que nos indicaran la razón del por qué, aproximadamente el 50% de la población está en los dos rangos mencionados. Se realizaron a nivel local unas entrevistas a la población condenada recluida en los centros penitenciarios y carcelarios cuya competencia está en cabeza de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del Circuito Judicial de Tunja. Igualmente se realizaron dichas entrevistas a sentenciados que disfrutan pena sustitutiva de prisión domiciliaria o algún subrogado, así como a jueces y abogados. Todo esto con el fin de poder informarse de la realidad carcelaria y concretar otras posibilidades que ayuden a obtener el fin de la pena a partir de principios humanistas. Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho que acepta y acoge los derechos fundamentales de las personas en igualdad de condiciones, y además suscribiendo y ratificando instrumentos internacionales se planteó la siguiente hipótesis: las penas alternativas, las penas sustitutivas y los subrogados penales pueden llegar a lograr que el sentenciado alcance el respeto de sus garantías constitucionales y pueda ser visto como un ser dotado de dignidad, libertad y justicia sin que ello implique vulnerar los principios elementales de la víctima y de la misma sociedad. Se ha demostrado a través de diferentes investigaciones y en diferentes fallos de tutela que la pena de prisión como pena principal no cumple su finalidad. Esto convierte en una necesidad la búsqueda de mecanismos que conlleven a la desprisionalización, como lo hizo ver la Corte Constitucional en su sentencia T- 762 de 2015. Sobre todo, en aquellas conductas cuya naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible permiten la aplicación de otras posibilidades diferentes a la prisión que pueden llegar a garantizar la resocialización y el cumplimiento de derechos fundamentales del recluso.This investigation has its origin in the problem posed against the prison and penitentiary crisis that has been occurring in Colombia since it was evidenced in the year 1988. In that year the Constitutional Court found the existence of prison overcrowding, whose consequence is the massive violation of fundamental rights. This was reflected by the Court in its judgment T. 153, with the aggravating circumstance that more than 50% of the population convicted and deprived of their liberty is convicted of crimes of less than 8 years in prison and without access to the alternative sentence of imprisonment. prison, as well as the subrogate of the suspension of the execution of the sentence according to the monthly reports of the INPEC. The foregoing leads to the following central question for this investigation: What are the possibilities of opening alternative penalties, substitutes and criminal subrogations to punishable behavior of lesser gravity, based on the observation of postulates contemplated in the National Constitution, treaties international human rights and criminal law without having to resort to imprisonment in Colombia? From the question, this work focused on making a study of the prison sentence, the substitute penalty and criminal surrogates enshrined in Law 599 of 2000. It was sought to supplement the alternative penalties that are not a reality in criminal law ordinary but they were included in Law 975 of 2005. This seeks to facilitate processes of peace and reincorporación advanced in crimes considered as serious and that in many legislations have had opening for less serious crimes aimed at preventing the person from entering a prison and suffer the criminal contagion. Likewise, through the INPEC reports, the convicted population deprived of liberty with sentences of less than 8 years was verified (which is the limit established in the Criminal Law for access to residential prison), clarifying that the tables registered in the different reports and statistics from population groups that in their first two ranges go from 0 to 5 years and the second up to 10 years. This led us, in a second moment, to talk about approaches for not having a fixed number of how many sentenced with sentences under 8 years are really deprived of freedom. In order to specify some causes that indicate why, approximately 50% of the population is in the two ranges mentioned. Interviews were conducted at the local level with the convicted population held in penitentiary and prison centers whose competence is at the head of the execution judges of sentences and security measures of the Tunja Judicial Circuit. These interviews were also conducted with sentenced persons who enjoy a substitute sentence of house arrest or a surrogate, as well as judges and lawyers. All this in order to be able to be informed of the prison reality and specify other possibilities that help to obtain the end of the sentence from humanistic principles. Bearing in mind that Colombia is a Social and Democratic State of Law that accepts and welcomes the fundamental rights of people under equal conditions, and also subscribing and ratifying international instruments, the following hypothesis was put forward: alternative sanctions, alternative sanctions and criminal surrogates can achieve that the sentenced reaches the respect of their constitutional guarantees and can be seen as a being endowed with dignity, freedom and justice without implying violating the basic principles of the victim and society itself. It has been demonstrated through different investigations and in different judgments of guardianship that the prison sentence as the main penalty does not fulfill its purpose. This makes it a necessity to search for mechanisms that lead to de-professionalization, as the Constitutional Court did in its T-762 judgment of 2015. Above all, in those behaviors whose nature of the legal right and the lesser lesividad of punishable conduct they allow the application of other possibilities different from the prison that can guarantee the re-socialization and the fulfillment of the fundamental rights of the inmat

Educación ambiental y juventud en perspectiva internacional: estudio comparado en Brasil, Colombia y España

[ES] La Educación Ambiental, no es un enfoque educativo limitado únicamente a la transmisión de conocimientos, sino también se interesa por las cuestiones afectivas y axiológicas. Esto implica una conciencia real para la conservación del medio ambiente en el marco de la responsabilidad, generando así una cultura que permita una interpretación armónica de nuestro entorno. Los problemas ambientales obedecen en gran medida a factores sociales, económicos y culturales, y sólo pueden prevenirse si se modifican los valores, actitudes y los comportamientos de los individuos. La E.A como disciplina debe contribuir en el proceso educativo con otras disciplinas al conocimiento, a la comprensión del medio ambiente y resolución de sus problemas. Una de sus características apunta a dilucidar sus causas y a la resolución de problemas concretos. Con el presente trabajo, pretendemos presentar un panorama general de la Educación Ambiental y el referente de Juventud correspondientes al Estado de Paraná (Brasil), el Departamento de Caldas( Colombia)) y la Comunidad de Castilla y León(España), para de esta manera conocer las realidades de sus políticas, instituciones y programas al interior de estos tres países. Los objetivos que se pretenden alcanzar para esta investigación son:Describir y comparar los instrumentos de políticas de Educación Ambiental y otros referentes institucionales por Brasil, Colombia y España con el fin de identificar sus correspondientes similitudes y diferencias.Describir en forma comprensiva las políticas públicas de Juventud al interior de los tres países. La investigación se ubica dentro de una perspectiva comparativa de la Educación Ambiental en Brasil, Colombia y España, con el fin de tener una visión más amplia de este tipo de disciplina y así generar una auténtica conciencia ambiental en los jóvenes y comunidad en general. La comparación tiene por finalidad el descubrimiento de las semejanzas, las diferencias y las diversas relaciones que pueden establecerse, además tiene como propósito a tender hacia la unificación o generalización. Para adquirir la información del proyecto, el autor recurrió al enfoque cualitativo, acudiendo a la recolección de datos de tipo descriptivo. Además utilizó un proceso inductivo, que consiste en explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. El autor considera que la comparación, es una opción de búsqueda teórica, epistémica, metodológica e interdisciplinaria

Criminalidad juvenil: Privación de la libertad y principio pedagógico en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia

El ámbito de la justicia juvenil y, concretamente el sistema de responsabilidad penal para Adolescentes (SRPA) aplicable en Colombia, plantea como finalidad propia el carácter pedagógico, específico y diferenciado frente al sistema penal de adultos. Para lograr este cometido y garantizar a los adolescentes que ingresan al sistema la protección integral, es necesario que todas las sanciones en general y la privación de libertad en particular, garanticen su finalidad protectora, educativa y restaurativa, conforme lo establece el código de infancia y adolescencia (CIA). La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la finalidad pedagógica de la sanción de privación de libertad en el SRPA en Colombia. Para poder avanzar en este propósito, se considera necesaria la reflexión sobre el principio pedagógico, reconociendo el aporte de la pedagogía social, concretamente su acción especializada en contextos de juventud y riesgo. Las consideraciones teóricas tenidas en cuenta, parten del estudio sobre las teorías explicativas de la criminalidad juvenil que intentan profundizar los fenómenos asociados a aquellos jóvenes que cometen delitos a temprana edad; actitudes que pueden ser transitorias por su condición de menores, o convertirse en conductas persistentes a lo largo de la vida; planteamientos que se presentan desde la criminología del desarrollo y enfatizan la importancia de variables como el sexo y la edad en este tema. El análisis investigativo profundiza en la caracterización criminológica y socioeducativa de los adolescentes en conflicto con la ley (¿quién llega al SRPA?), en la privación de la libertad en el SRPA (¿cuál es la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes?) y, por último, en la eficacia del SRPA en relación con el principio pedagógico de la sanción de privación de libertad (¿responde el sistema a un modelo socioeducativo y sociopedagógico para los adolescentes privados de la libertad?). Son estos los aspectos fundamentales para este estudio. Así mismo, la investigación propone la comprensión de los sistemas de justicia juvenil y los distintos modelos que cada Estado pueda desarrollar, de acuerdo a la concepción de política criminal que consideren viables desde su realidad, inspirados todos ellos en la Convención de los Derechos del Niño (1989) como principal instrumento de derecho internacional en materia de justicia juvenil y garantía de derechos. El Estado Colombiano asumió el modelo de responsabilidad penal propuesto en el SRPA (ley 1098 de 2006, libro II), el cual presenta todo lo pertinente a los adolescentes en conflicto con la ley penal y, establece las distintas fases del proceso judicial: investigación, juzgamiento y sanción; de manera especial frente a la privación de libertad en los Centros de Atención Especializada (CAE), en donde es el escenario propuesto para desarrollar una adecuada intervención oportuna y especializada. La realidad muestra que una cosa es la declaración implícita que hace el sistema de su finalidad pedagógica y, otra es la materialización en su aplicación. El proceso de investigación presenta el planteamiento del problema y su justificación desde los marcos epistemológicos y disciplinares internacionales y nacionales, a partir de una perspectiva crítica desde las teorías filosóficas, jurídicas, antropológicas, sociológicas y pedagógicas. El diseño metodológico, tiene presente la coherencia entre todas las partes del estudio, con trazabilidad entre los aspectos teóricos, metodológicos, analíticos y propositivos, entre la pregunta problema, los objetivos, la metodología, que se hace transversal en los temas analizados en los resultados y el abordaje de las conclusiones y las recomendaciones. La metodología multimétodo favorece la comprensión del fenómeno desde la complejidad de la realidad, que se concreta en las técnicas utilizadas (encuesta, entrevistas y grupos de discusión). Esta riqueza metodológica (analítica e interpretativa), permite la finalidad de la descripción, con la comprensión de fenómenos multicausales e interdisciplinares, es por eso que se alimenta en el trabajo, el enfoque sociojurídico, con el socioeducativo; permitiendo dar la pertinencia a la naturaleza científica del objeto de estudio. Igualmente, en el diseño metodológico, se tiene en cuenta la participación de todas las audiencias principales implicadas (operadores del sistema, Academia, población de adolescentes infractores de la ley), permitiendo extender a nivel territorial y poblacional, una muestra que permita de una forma más integral, conocer desde las diferentes voces y vivencias, el ámbito de la justicia juvenil y concretamente el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) aplicable en Colombia. El dato cuantitativo, segregado por sexo (que avanza en el abordaje de los enfoques diferenciales), otorga la posibilidad de describir el fenómeno a nivel nacional respecto a los perfiles criminológicos y socioeducativos de la criminología juvenil; la privación de la libertad en el SRPA y la eficacia del sistema. El análisis cualitativo; aporta un alto valor subjetivo y comprensivo al fenómeno, avanzando y superando las grandes dificultades que se evidencia para que se otorguen los consentimientos y permisos de participación en las investigaciones de las y los adolescentes que se encuentran privados de la libertad. Prosigue a la parte metodológica la propuesta de la pedagogía social, la cual responde a lo encontrado y a la imperiosa necesidad de resignificar el sistema, con la propuesta de un trabajo trans y multidisciplinar, con la finalidad de asegurar la intervención que un adolescente privado de la libertad requiere y que es deber del Estado hacerlo de la mejor manera. La investigación consta de tres grandes componentes temáticos: (i) caracterización criminológica y socioeducativa de adolescentes en conflicto con la ley, (ii) SRPA en Colombia y privación de la libertad y, (iii) eficacia del SRPA en relación con el principio pedagógico de la sanción de privación de libertad. Dichos componentes se desglosan en ocho partes, así: (i) aspectos preliminares, (ii) marco teórico referencial, (iii) antecedentes investigativos, (iv) marco metodológico, (v) análisis y discusión de resultados, (vi) conclusiones y recomendaciones, (vii) referentes bibliográficos y, (viii) apéndices. De manera concluyente, el proceso reafirma el reconocimiento imperativo de la protección integral de los adolescentes sancionados en el SRPA con privación de libertad. Así mismo, destaca la finalidad pedagógica de esa sanción, precepto que está en armonía con la sociedad contemporánea y con las tendencias de intervención que el mundo globalizado exige. Se ofrecen también los hallazgos en términos de líneas de acción (recomendaciones) las cuales permitan reconocer las prácticas exitosas a nivel internacional, nacional y regional; con lo cual se manifiesta una contribución significativa hacia la cualificación del sistema y a su urgente necesidad de hacer transversal en todo el SRPA el principio pedagógico; fundamento que hace posible el interés superior del adolescente, el respeto total a sus derechos y al desarrollo holístico (físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social) de su persona. El trabajo arroja reflexiones y hallazgos relevantes para el debate jurídico sobre un tema de especial significado para la sociedad como es el referente a la criminalidad juvenil, en situación de privación de la libertad, analizando la legislación existente y las distintas realidades que inciden en su aplicación e interpretación, a fin de posibilitar la aplicación del enfoque de protección integral propuesto en el CIA. Uno de los aportes más significativos de esta investigación, gira en torno a destacar la importancia del principio pedagógico como un elemento esencial en la ejecución penal de adolescentes. Ello es constitutivo de la sanción, ya que el SRPA como sistema especializado de justicia, entiende la perspectiva de derechos humanos, diferencial y de ciclo vital para poder sancionar a los adolescentes infractores. La normativa y el SRPA, propugna un sistema pedagógico, específico y diferenciado a las características del estatuto científico que la criminología debe apropiar para garantizar la efectiva y adecuada intervención en la etapa de desarrollo adolescente. Entonces, no es por casualidad, que precisamente se enfatice en el principio pedagógico de la sanción, que nace de la posibilidad de cambio y mejora vinculada a la educabilidad del ser humano. La investigación propone nuevas perspectivas de trabajo en el campo de la intervención sociojurídica y socioeducativa con adolescentes infractores de la ley penal, especialmente quienes se encuentran en situación de privación de libertad y su abordaje desde las buenas prácticas. Finalmente, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, tal como pasa en otros sistemas de justicia juvenil en América latina y Europa, la relación entre el marco general del modelo de responsabilidad y el modelo pedagógico y restaurativo generan tensión y conflicto, causando serias dificultades entre las que sobresalen la ausencia de una praxis restaurativa y la persistente visión punitiva del sistema frente a la sanción.Universidad Libre – Facultad de Derecho - Doctorado en Derech

Régimen de acceso de la información genética en los seguros de personas en Colombia: Normas Jurídicas para la Conciliación de Intereses entre las Aseguradoras, los Usuarios y el Estado.

En el mundo se ha regulado el acceso a la información genética por parte de los seguros privados. Sin embargo, las normas jurídicas confunden la información con el soporte en el que está contenida o el medio que se utiliza para extraer la información. Esta confusión hace que las normas que regulan la información genética sean inocuas e ineficaces. En Colombia, no existe regulación sobre el tema. La información genética ha sido mencionada vagamente por una sentencia de la Corte Constitucional, y en esta sentencia también confunde la información con el soporte. La norma jurídica propuesta para proteger la información genética, define el concepto de información genética, separando la información del soporte y el medio y define unos principios básicos que deben estar presentes en cualquier norma que quiera proteger o regular la información genética. La propuesta normativa que tiene esta investigación son reglas de protección de la información genética que pondera los intereses de las aseguradoras, los usuarios y el estado. (texto tomado de la fuente)The access of genetic information by insurance companies has been legally regulated in the world. However, legal rules confuse information with the support in which it is contained or the medium used to extract the information. This confusion makes the rules that regulate genetic information innocuous and ineffective. In Colombia, there is no legal regulation on the subject. The genetic information has been vaguely mentioned by a sentence of the Constitutional Court. The Court also confuses the genetic information with the support in which it is contained. The legal rule proposed to protect genetic information defines the concept of genetic information, separating the information from the support and the medium and defines basic principles that must be present in any regulation that wants to protect or legally regulate genetic information.MaestríaDerecho y Tecnologí

Tipologías victimológicas del conflicto interno armado colombiano

La presente tesis tuvo como propósito construir las tipologías victimológicas del Conflicto Interno Armado Colombiano –CIAC- desde la victimología como ciencia, lo cual significó la comprensión de la victimidad política, estratégica, social, político-ideológica, de instituciones totales en dos periodos victimológicos: el primero de invisibilidad de la víctima (1948-2004) y el segundo de transformación de la víctima (2005-2018), cuyas manifestaciones violentas comunes en contra de las víctimas en estos periodos permitió la construcción tipológica de esta población, mediante el método de la teoría fundamentada, para lo cual se tomó las realidades del CIAC y se iba induciendo a las diversas tipologías doctrinales planteadas desde la victimología científica con las que se encontraban semejanzas. Para inducir y fundamentar teóricamente las tipologías, se analizaron 4559 cargos planteados en 30 sentencias del proceso de Justicia y Paz, emitidas entre los años 2010 a 2018. Obteniéndose como principal resultado la construcción de 20 tipologías victimológicas, entre ellas las que obedecen a la reclamación del derecho a la reparación integral: víctima individual, víctima colectiva, víctima diferencial, víctima priorizada, víctimas invisibilizadas, víctimas complejas, víctima activa, víctima simbólica, víctima solidaria, víctimas excluidas legalmente y víctimas excluidas procesalmente. Tipologías que se fundamentaron teóricamente con los aportes de la victimología científica y se indujeron con los 4559 casos analizados, demostrándose adicionalmente la histórica existencia de víctimas ideales, víctimas responsables del hecho victimizantes, víctimas latentes por factores personales, sociales y laborales, víctimas de los sistemas sociales, víctimas de los sistemas penales, macro-víctimas de terrorismo, víctimas políticas, víctimas simbólicas y demás categorías que desde esta ciencia se han planteado.DoctoradoDoctor en Derech

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales

Consideraciones de la especialidad laboral y de la seguridad social III

Me honra la universidad al pedirme presentar esta obra “Consideraciones de la Especialidad Laboral y de la Seguridad Social III”, referida a temas acerca de la importancia de nuestra disciplina que, en la hora de ahora fortalece y apoya la investigación en derecho social, la praxis, la academia en sí, y en general contribuye a la divulgación del derecho laboral y de la seguridad social. En esa perspectiva, los distintos autores que componen esta obra despliegan, con sumo oficio, una visión oportuna y actualizada acerca de las diferentes especialidades de esta área, permitiéndonos, como lo anoté, por amable sugerencia del coordinador académico y desde luego, con la venia de quienes con sus luces hacen de este libro un aporte de la Universidad Libre y a la comunidad iuslaboralista en general, traer una aproximación acerca de la importancia del derecho laboral en nuestra sociedad. En este orden de ideas, desde los umbrales de la llamada revolución industrial, el derecho del trabajo ha contemplado distintas facetas o matices, pero siempre ha mantenido un elemento común como lo es el aprovechamiento del esfuerzo individual por parte de quien detenta el capital, aspecto generador de las diferencias entre estos dos extremos, lo cual, a lo largo de la historia, ha dado lugar al nacimiento de distintas normas nacionales e internacionales, encaminadas a buscar protección y beneficios a la parte débil de la relación, ofreciendo ventajas consagradas en los distintos códigos de la materia, en orden a suavizar la desigualdad natural, y que hoy descansan no sólo en la ley interna, como derecho fundamental garantizado por el Estado, así como sus principios, sino también en instrumentos internacionales, tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, encontrando eco en lo que Juan Pablo II en su encíclica “Laborem excersen” denominó “el trabajo humano es quizá la clave esencial de toda la cuestión social”, puesto que creemos que el derecho al lado del trabajo debe humanizarse, o seguir humanizándose, si ya está humanizado. Paralelamente a ello, surgen movimientos de solidaridad en el área del trabajo, la dignidad en el trabajo humano, entre otros factores, que llevan al nacimiento de las organizaciones sindicales, esto es, a hacer efectivo el derecho a asociarse. Breve sinopsis anterior, para abordar cómo nuestra disciplina resulta factor de importancia y convivencia en la construcción de una paz estable y duradera -derivada de los acuerdos de La Habana- en tiempos de pos-acuerdo, en tanto y en cuanto, sociedad y Estado cumplan efectivamente lo acordado, y no como ocurre ahora, en donde ni con sentencias judiciales reiteradas se acogen al cometido de un Estado Social de Derecho, desactivando así los conflictos laborales propios de la desigualdad vivida entre los extremos de la relación, a pesar de existir reglas sustantivas en nuestra legislación, así como instrumentos internacionales y de negociación colectiva, las cuales, debe respetarse integralmente, además del diálogo social, contribuirían eficazmente en la búsqueda de una paz, ojalá no esquiva

La regulación internacional e interna de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, Ecuador y México

[ES] La metodología empleada para el desarrollo del trabajo de investigación consistió principalmente en la aplicación del método de derecho comparado, no obstante, al tratarse de un estudio de frontera se recurrió de igual forma a los métodos analítico, inductivo, deductivo, sintético e histórico. El primer capítulo que se titula la Protección Internacional de los Derechos generales del Derecho Indígena, comienza con temas específicos del ámbito internacional. En el capítulo segundo se estudia en concreto el tema de la investigación iniciando con el tema de la jurisdicción indígena en la República de Colombia, para entender cómo surgió la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en ese país. Se hace un breve desarrollo histórico sobre los movimientos indígenas mismos que van a tener una desembocadura en el reconocimiento de ciertos derechos en la Constitución Política de la República de Colombia. Posteriormente se realizó un análisis de la relevancia que tuvo el Convenio 169 de la OIT en la protección de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio, así como la relevancia que ha tenido el Sistema Interamericano en relación a los asuntos que ha tenido que resolver sobre las violaciones a derechos humanos sobre los pueblos indígenas y tribales. El capítulo tres tiene que ver con la jurisdicción indígena en la República de Ecuador En el capítulo cuatro se analizarán las problemáticas por las que pasa la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria en los Estados Unidos Mexicanos